La calidad legislativa tiene efectos directos en el potencial crecimiento de un país y en especial, en una región como Canarias, muy necesitada de la dinamización su actividad económica, a través de entre otros, la captación de proyectos de inversión empresariales.
La seguridad jurídica, la certeza y la rapidez en obligar a cumplir los compromisos contractuales a un coste razonable son factores clave para generar un entorno que favorezca el desarrollo de la actividad económica. Vivimos en entorno global, donde los capitales fluyen de un país a otro, potenciando o limitando sus posibilidades de crecimiento. Uno de los principales factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de inversión son la existencia de una legislación clara, práctica y razonable.
La hiperregulación es un problema del que adolece España. Una legislación abundante y, en ocasiones, poco clara y asistemática provoca distorsiones en el mercado y obstaculiza la actividad empresarial. Como dato reseñable, España ocupa el lugar 32 entre las economías en las que es más fácil hacer negocios, a gran distancia de países como Reino Unido o Alemania y por debajo de la media de la OCDE. Igualmente, España ocupa el puesto 85 en cuanto a la facilidad para abrir un negocio.
El entramado legislativo español, y en concreto en Canarias, es de una densidad y complejidad notables, lo que provoca un elevado nivel de cargas administrativas y distorsiones en el mercado. Sobre todo en materia urbanística donde la complejidad es tal que resulta inmanejable e ineficiente para el normal desarrollo de la actividad económica.
Por ello, sufren una excesiva carga burocrática que les obliga a dedicar recursos y esfuerzos a tareas administrativas, de control e interpretativas de normas, que les obliga a dedicar recursos a tareas no productivas y, en definitiva, perjudica su competitividad.
En concreto la producción normativa en el año 2015 en nuestra región, llevó a que en el número de páginas oficiales publicadas en los boletines oficiales de nuestra Comunidad Autónoma se incrementara en un 6,5% con respecto al año 2014, ascendiendo a 34.879 páginas, frente a la evolución decreciente mostrada por el conjunto de Comunidades del territorio nacional que vieron en su totalidad disminuir el número en un 3,5% respecto al año anterior.
Igualmente, la concurrencia de distintos órganos y administraciones que regulan materias de un mismo sector, en ocasiones de forma descoordinada, genera importantes cargas burocráticas. Por ello, es necesaria una mayor coordinación entre las distintas administraciones y organismos encargados de la regulación y realizar esfuerzos serios por lograr una simplificación normativa.
Por ello, debemos legislar menos y mejor, es necesario reducir el número de normas existentes en España, derogar aquellas obsoletas y eliminar trabas burocráticas.
Por cada norma que se aprueben se deben derogar dos. Además con carácter previo a la aprobación de la misma se debe realizar un análisis serio de su conveniencia e impacto y evaluar de forma empírica su efecto.
Por último, se deberá adoptar medidas que garanticen una adecuada coordinación normativa entre las distintas administraciones.
