La Economía Sumergida, es definida por la Comisión Europea como aquella actividad remunerada que siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas, incluyendo a las autoridades fiscales, laborales o a la Seguridad Social.

En este marco CEOE Tenerife considera que deber ser compromiso de todas las partes implicadas aflorar la economía sumergida, ya que ésta produce una distorsión de la competencia empresarial, incrementa el esfuerzo fiscal de las familias y de las empresas que cumplen y lastra la recaudación presupuestaria de las Administraciones Públicas, que se refleja en una más deficitaria o insuficiente prestación de los servicios públicos esenciales.

Por otro lado cabe señalar que con la Reforma del Código Penal acometida  por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, el derecho penal español deja atrás el axioma de la incapacidad penal de las personas jurídicas.

A partir de esta Reforma las personas jurídicas pasan a ser penalmente responsables:

  1. De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  2. De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Las empresas, por tanto, van a poder ser imputadas y condenadas por un importante listado de delitos en el marco de un procedimiento legal por hechos cometidos por sus representantes legales o sus trabajadores.

Sin embargo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y la nueva reforma del Código Penal, en vigor desde julio de 2015, surge la posibilidad de que la empresa pueda quedar exenta de responsabilidad penal pero para ello es necesario que la empresa cuente y desarrolle un manual de cumplimiento para prevenir el delito dentro de la empresa.

Medida preventiva, este manual, que puede ayudar a todo tipo de empresas a cumplir con la legalidad, pudiendo con ello reducir gran parte de la economía sumergida con la que cuenta Canarias.

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